Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió reservar por un periodo de cinco años la información detallada sobre su parque vehicular, el cual consta de 151 unidades. La medida fue aprobada por el Comité de Transparencia del Alto Tribunal en respuesta a una solicitud de acceso a la información presentada en enero de 2026, denegando la publicación de datos como el modelo, el costo y la fecha de adquisición de los automóviles.
En la resolución oficial, la SCJN justificó la clasificación de la información al considerar que su divulgación podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de las personas titulares del Poder Judicial. El órgano argumentó que esta restricción es necesaria para garantizar la integridad de las servidoras públicas que utilizan los vehículos asignados a este tribunal, ante posibles amenazas derivadas de la exposición de dichos datos.
Además de los detalles técnicos y financieros de la flota, la Corte también rechazó hacer público qué ministros han adquirido los vehículos asignados a sus ponencias desde 1994 hasta la fecha. La solicitud original de transparencia no incluyó peticiones sobre la asignación específica de los autos a titulares ni sobre los números de placa de las unidades.
Esta decisión surge en un contexto de reciente atención mediática tras la revelación de la adquisición de nueve camionetas blindadas tipo Jeep Grand Cherokee destinadas a los ministros. Aunque se conoce la existencia de estas unidades blindadas dentro del total de 151 vehículos, los montos totales invertidos en el parque automotriz, así como los costos específicos y modelos de cada unidad, permanecen bajo reserva.
La información faltante que no será accesible para el público durante el quinquenio incluye también los nombres de los ministros a quienes se asignan dichos vehículos. La SCJN mantiene así la opacidad sobre la gestión de sus recursos móviles, priorizando el argumento de seguridad nacional y protección de funcionarios sobre los principios de transparencia presupuestal y administrativa solicitados por ciudadanos y medios de comunicación.