Ciudad De México, 27 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en lo general la reforma electoral conocida como Plan B, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con 87 votos a favor y 41 en contra. La votación, realizada con 128 legisladores presentes, contó con el respaldo unificado de las bancadas de Morena, Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Partido del Trabajo (PT), mientras que PAN, PRI y Movimiento Ciudadano sufragaron en sentido negativo. A pesar del apoyo de la coalición gobernante en lo general, el proyecto fue modificado en lo particular para eliminar la disposición que permitía adelantar la revocación de mandato al año 2027.
La sesión, que se extendió por más de seis horas, evidenció la complejidad de los acuerdos internos del bloque oficialista. Aunque el PT votó a favor del dictamen en su conjunto, su coordinador, Alberto Anaya, subió a tribuna para refrendar su apoyo a la mandataria pero aclaró que se separaban del contenido específico del Artículo 35 Constitucional. Esta reserva técnica logró descartar el mecanismo que habría permitido a Sheinbaum someterse a una evaluación ciudadana a mitad de su sexenio, medida que era considerada clave en la estrategia política de la ejecutiva federal.
Tras la aprobación en lo general, la minuta con modificaciones fue remitida a la Cámara de Diputados para continuar el proceso legislativo. Los presidentes de las comisiones de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos, Oscar Cantón Zetina y Enrique Inzunza respectivamente, defendieron durante el debate la propuesta original de permitir la revocación en el tercer o cuarto año de gestión, calificándola como un instrumento de responsabilidad y no de confrontación. Sin embargo, la postura del PT prevaleció en la discusión particular, consolidando un acuerdo que mantuvo la unidad de la coalición pero alteró el alcance inicial de la iniciativa presidencial.
El contenido aprobado incluye medidas de austeridad republicana que fueron avaladas por todos los grupos de la mayoría parlamentaria. Entre las disposiciones destacan el tope de 15 regidurías por Ayuntamiento, la limitación del presupuesto de las legislaturas locales al 0.70% del gasto estatal y la eliminación de seguros médicos privados, pensiones privadas y regímenes especiales de retiro para consejeros y magistrados electorales. Asimismo, se confirmó un recorte progresivo del 15% al presupuesto operativo del Senado de la República.
Las posturas sobre el impacto de esta reforma permanecen divididas. Mientras el oficialismo presenta estas modificaciones como un fortalecimiento democrático y una eliminación necesaria de privilegios, existen perspectivas opuestas sobre sus objetivos finales. Tanto la oposición como el propio Partido del Trabajo han calificado aspectos de la iniciativa como un retroceso democrático que busca afectar la competencia política, generando un escenario de tensiones donde convergen el voto favorable a la austeridad y el rechazo a mecanismos de reelección o revocación anticipada.
Con este resultado, el gobierno federal asegura la aprobación de los recortes presupuestales y laborales en el sistema electoral, pero debe replantear su estrategia respecto a la revocación de mandato. La decisión del Senado marca un precedente en la legislatura actual, demostrando que, aunque la coalición gobernante mantiene la mayoría calificada para aprobar reformas constitucionales, los matices en los intereses de sus partidos integrantes pueden definir el contenido final de las leyes secundarias y los procesos de evaluación ciudadana futuros.