Ciudad De México, 26 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó en la madrugada de este miércoles la reforma constitucional conocida como ‘Plan B’ electoral, con una votación de 87 sufragios a favor y 41 en contra. La validación de la iniciativa se concretó cerca de la medianoche del 25 de marzo, tras descartar la inclusión de la revocación de mandato presidencial para el proceso de 2027, un punto que generó discrepancias al interior de la coalición oficialista.
La decisión final respondió a la postura del Partido del Trabajo (PT), cuya bancada determinó no apoyar la enmienda al artículo 35 constitucional que buscaba adelantar la consulta de revocación para que coincidiera con las elecciones intermedias de junio de 2027. Alberto Anaya Gutiérrez, coordinador del PT en el Senado, fundamentó esta posición en la necesidad de separar el ejercicio de revocación de las campañas partidistas, con el objetivo de garantizar la gobernabilidad del país.
Como consecuencia de esta exclusión, la consulta de revocación de mandato quedará regida por la ley vigente, lo que implica que solo podrá solicitarse a finales de 2027 y llevarse a cabo en 2028. Esta resolución evita que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aparezca en la boleta electoral de 2027 bajo este mecanismo, aunque la mandataria había negado previamente que la revocación tuviera tintes electorales.
Tras la votación, surgieron posturas divergentes sobre el resultado. La presidenta Sheinbaum calificó la exclusión de la revocación de mandato como algo “malo para el país”. En contraste, Ignacio Mier Velazco, coordinador de Morena en el Senado, presentó el hecho como un éxito orientado a mantener la unidad de la coalición y aprobar la parte principal de la iniciativa de reducción de privilegios.
En la sesión participaron también representantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), así como líderes de la oposición como Alejandro Moreno Cárdenas, presidente del PRI, y Elías Lixa, del PAN. Con esta aprobación en el Senado, la reforma avanza en el proceso legislativo, consolidando los cambios en materia electoral que no incluyeron el mecanismo de rendición de cuentas anticipada solicitado originalmente por el ejecutivo federal.