Ciudad De México, 28 de marzo de 2026.- El Senado de la República aprobó la reforma electoral conocida como ‘Plan B’, la cual modifica los artículos 115, 116 y 134 de la Constitución enfocándose en ahorros presupuestales en congresos locales, ayuntamientos, el Senado y remuneraciones de funcionarios electorales. En la discusión legislativa se excluyó la modificación al artículo 35 para adelantar la consulta de revocación de mandato a las elecciones intermedias de 2027, pieza clave que formaba parte de la propuesta original de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Tras la aprobación del dictamen, diversas fuerzas políticas emitieron posturas sobre el resultado. Morena consideró el aval como un triunfo del pueblo de México, asegurando en redes sociales que con el ‘Plan B’ la transformación llega a lo local con menos privilegios y más rendición de cuentas. Por su parte, Michel González, secretaria general del PAN, declaró que México ganó al eliminarse el intento de convertir la revocación de mandato en una herramienta al servicio del poder, mientras que el PRI celebró la modificación al dictamen.
En relación con la logística de los próximos comicios, Martín Faz, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE) y presidente de la Comisión de Organización, señaló que aunque la exclusión del proceso de revocación de mandato es un punto positivo, continúa una tremenda complejidad operativa para 2027. El funcionario explicó que el reto persiste debido a la renovación de la Cámara de Diputados y la elección judicial en la misma fecha, lo que obligará al organismo a instalar casillas diferenciadas y duplicar personal.
Durante el análisis de la reforma, se expuso información sobre los costos laborales del instituto electoral. El INE pagó 2,419 millones de pesos a sus trabajadores en los tres últimos procesos comiciales como retribución por trabajo extraordinario, conocido como ‘bono electoral’. De este monto, 449.2 millones correspondieron a 2022, 964.9 millones al proceso de 2024 y 1,005 millones a la elección del Poder Judicial en 2025.
El documento enviado por la Presidencia del INE al Senado argumentó que eliminar el ‘bono electoral’ podría resultar más costoso para las arcas públicas, ya que ante la ausencia de este concepto, el órgano tendría que erogar más dinero en el pago de horas extras. Con la aprobación de esta reforma, se cierra la posibilidad de modificar el marco legal de las elecciones durante la primera mitad del gobierno actual, dejando sepultados los objetivos originales de reducción de recursos públicos destinados a los partidos que la presidenta delineó en el verano de 2025.