Ciudad De México, 31 de mayo de 2026.- La recaudación tributaria en México, incluso sumando los ingresos no tributarios, no ha podido dar suficiencia al gasto público, lo que ha generado limitaciones en materia de infraestructura, gasto educativo y salud. El gasto y el ingreso en el país son de los más bajos del mundo.
La evolución de la deuda pública demuestra la insuficiencia de la recaudación tributaria, pues durante muchos años esta fue incapaz de financiar con oportunidad y holgura el gasto público. Ante este escenario, la reforma fiscal ocupa un lugar central en la agenda de temas pendientes.
Desde 1999, en el Colegio Nacional de Economistas, se planteó un proyecto sobre la naturaleza de los impuestos indirectos con la participación de Ifigenia Martínez, Horacio Sobarzo, Fausto Hernández Trillo y Dionisio Meade. En ese entonces ya estaba claro que el tema fiscal o hacendario definiría el ritmo de la política económica para los próximos años, estableciendo que tanto los impuestos directos como los indirectos, así como fortalecer la coordinación fiscal, eran fundamentales.
Las finanzas públicas son el principal instrumento para que los gobiernos influyan sobre la utilidad económica y definan su estilo de desarrollo. Se considera que la reforma hacendaria en su vertiente tributaria tiene una función rectora fundamental en los procesos de transición.
Los impuestos son el mejor instrumento para financiar el gasto público y constituyen la principal fuente de ingresos de los gobiernos, por encima de los ingresos no tributarios y los provenientes del endeudamiento externo. Además de la función recaudatoria, los impuestos cumplen funciones extra fiscales vinculadas con la inversión, el ahorro, el consumo, el desarrollo regional y una mejor distribución del ingreso.
En México, los impuestos son recaudados por los tres órdenes de gobierno en una división de competencias y responsabilidades de gasto que ha evolucionado con el sistema nacional de Coordinación Fiscal. Dentro de este esquema, el gobierno central es el de mayor eficiencia recaudatoria por razones de control de obligaciones de los contribuyentes.