Por Redacción
La República., 17 de marzo de 2026.- El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió al Senado de la República su denominado ‘Plan B’ de reforma electoral, centrado en medidas de austeridad y recortes presupuestales, luego de que la Cámara de Diputados rechazara una reforma constitucional más amplia. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, presentó la iniciativa durante la conferencia ‘La Mañanera del Pueblo’ desde Palacio Nacional, destacando que busca reducir regidurías municipales y topar el gasto de los congresos locales.
Entre las medidas concretas, la propuesta establece un máximo de 15 y un mínimo de 7 regidurías por municipio, un tope presupuestal para los congresos locales del 0.7% del gasto estatal total y una reducción progresiva de hasta el 15% en los gastos del Senado. Además, mantiene la elección por voto popular de 850 juzgadores del Poder Judicial para el año 2027, un punto que había generado debate sobre su posible postergación.
La iniciativa se enmarca dentro de la política de ‘austeridad republicana’ promovida por la administración de Sheinbaum y la llamada Cuarta Transformación. Surge como una alternativa tras el fracaso legislativo de la reforma constitucional original, que proponía, entre otros cambios, reducir el número de legisladores plurinominales y modificar el financiamiento a los partidos políticos.
La propuesta ya generó reacciones inmediatas en la oposición. Jorge Álvarez Máynez, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), manifestó su postura crítica hacia el Plan B, aunque la investigación no detalla los argumentos específicos de su partido ni la posición oficial de otras fuerzas políticas como el PAN, PRI o Morena.
El envío de esta iniciativa al Senado marca un nuevo capítulo en la estrategia del gobierno federal para modificar el sistema electoral mexicano, optando ahora por cambios que, en principio, no requerirían una reforma constitucional o que podrían encontrar mayor consenso en el Congreso. El proceso de discusión y posible aprobación en la Cámara alta será el siguiente paso para determinar el futuro de estas medidas de austeridad en el ámbito político-electoral.