Por Redacción
La República, 18 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado su reforma electoral denominada ‘Plan B’, que modifica la Constitución para permitir que el mandatario en turno haga proselitismo durante los procesos de revocación de mandato, además de ajustar la integración de los cabildos municipales y limitar el gasto de los congresos estatales. La propuesta, presentada formalmente el 17 de marzo, ya cuenta con el respaldo de los partidos Verde y del Trabajo (PT), aliados de Morena en la coalición gobernante, pero ha generado críticas por una omisión inicial en el texto que hablaba de acabar con la paridad de género y por cuestionamientos sobre el ahorro real que representaría.
La iniciativa constitucional, que surge luego del rechazo a una reforma más profunda conocida como ‘Plan A’, establece que las consultas de revocación de mandato podrán celebrarse el mismo día que las elecciones federales ordinarias, con el fin de reducir costos. Además, modifica el artículo 134 para permitir que el presidente o presidenta en funciones pueda realizar actividades de promoción y difusión durante ese proceso, algo que actualmente está restringido. La senadora Laura Itzel Castillo Juárez, de Morena, defendió la propuesta señalando que busca “fortalecer el mecanismo de participación ciudadana” y generar ahorros al erario.
En cuanto a los gobiernos municipales, la reforma propone que el número de regidores en los cabildos oscile entre 7 y 15, dependiendo del tamaño de la población, y establece un tope del 0.7% del presupuesto estatal para el gasto operativo de los congresos locales. Sin embargo, el texto original enviado al Senado omitió la palabra “paritario” al referirse a la integración de estos ayuntamientos, lo que generó una inmediata reacción al interpretarse como una intención de eliminar la paridad de género. La Presidencia de la República corrigió el error mediante un oficio, argumentando que se trató de una omisión involuntaria y que no se busca prescindir de dicha disposición constitucional.
Las críticas no se limitan a ese punto. El analista Elías Lixa señaló que, en el caso de Yucatán, la reducción de regidores en Mérida se vería compensada con un aumento de 221 en el interior del estado, lo que contradice el discurso oficial de ahorro. Por otro lado, desde la oposición y algunos sectores académicos se cuestiona el verdadero propósito de la modificación a la revocación de mandato, viéndola como una herramienta para dar ventaja electoral a Morena y a la propia presidenta Sheinbaum, quien obtuvo casi 36 millones de votos en 2024.
El mecanismo de revocación fue incorporado a la Constitución en 2019 y se ejerció por primera vez en 2022 con el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En esa ocasión, participaron 16.5 millones de personas (17.7% del padrón) y 15.159 millones (91.8% de los votantes) se pronunciaron a favor de que continuara en el cargo. La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, ha enmarcado la actual propuesta dentro de una política más amplia de “austeridad republicana” y reducción de privilegios.
El proceso legislativo para la reforma constitucional requerirá una mayoría de dos terceras partes en el Congreso de la Unión. Con el apoyo prometido del PVEM y el PT, la coalición oficialista se acerca a ese umbral, aunque aún no se ha hecho público un cálculo exacto de los votos asegurados. Se espera que la discusión en comisiones del Senado inicie en los próximos días, en medio de un debate polarizado sobre el balance entre participación ciudadana, ahorro de recursos y posibles ventajas políticas para el partido en el poder.