Por Redacción
Ciudad De México, 20 de marzo de 2026.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo defendió la resolución del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que absolvió a Pío López Obrador de las acusaciones derivadas de los videos donde aparece recibiendo dinero en sobres amarillos. Durante su conferencia matutina, la mandataria afirmó que el órgano constitucional determinó que no se cometió ningún delito y subrayó que corresponde al tribunal revisar si existió alguna violación a las leyes electorales.
“Pues ya dijo el Tribunal Electoral que no cometió ningún delito”, declaró Sheinbaum al ser cuestionada sobre el caso. La presidenta añadió que “hay que ver con base en qué hizo esta resolución”, reiterando su confianza en los mecanismos legales del TEPJF para dirimir asuntos de esta naturaleza. Esta postura oficial se da en un contexto donde el caso ha generado polarización entre el gobierno federal y sectores de la prensa.
Por su parte, Carlos Loret de Mola, periodista de LatinUS que difundió las grabaciones en 2020, rechazó la decisión judicial y la calificó como una “venganza del régimen”. El comunicador denunció que todas las instituciones del Estado relacionadas con el proceso se han alineado para exonerar a Pío López Obrador. Las grabaciones originales, realizadas por David León, mostraban la recepción de recursos que, según versiones previas atribuidas al entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, estaban destinados al partido Morena.
Como respuesta a la absolución y a la difusión de los materiales, se han presentado demandas por daño a la imagen contra LatinUS y contra Carlos Loret de Mola, cada una por un monto de 200 millones de pesos. Loret de Mola ha señalado que esta situación pone en riesgo su seguridad, en medio de una disputa legal y mediática que enfrenta a la narrativa oficial contra la de los medios difusores de los videos.
Medios de comunicación como López-Dóriga Digital han publicado análisis críticos sobre la sentencia, argumentando que un “tribunal constitucional a la medida” absolvió a Pío López Obrador de hechos que consideraban “inabsolvibles”. Esta divergencia de interpretaciones marca la contradicción central del caso: mientras la autoridad electoral y el gobierno federal sostienen la inexistencia de ilícitos, los denunciantes y críticos mantienen que la resolución es producto de una manipulación institucional.
La controversia permanece abierta en cuanto a los argumentos jurídicos específicos que motivaron la absolución del TEPJF, así como el desarrollo futuro de las demandas civiles interpuestas. La reacción de Pío López Obrador ante la resolución y las acusaciones persistentes no ha sido detallada en los reportes oficiales de este día, manteniendo el foco en la defensa gubernamental de la legalidad del proceso electoral y sus actores.