Washington, 25 de marzo de 2026.- El Tribunal Supremo de los Estados Unidos celebró una audiencia clave el 24 de marzo de 2026 para evaluar las políticas migratorias de la administración de Donald Trump, en un contexto marcado por el despliegue de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en 14 aeropuertos del país y la deportación de migrantes con protección DACA.
Durante la sesión judicial, participaron el juez presidente John G. Roberts Jr. y la jueza Amy Coney Barrett, quienes escucharon argumentos sobre las restricciones al asilo migratorio. Vivek Suri, asistente del fiscal general, presentó la posición del gobierno federal en la audiencia, aunque la votación específica y resultado final del Tribunal Supremo no han sido hechos públicos.
En paralelo a los procedimientos judiciales, la administración Trump ha intensificado las operaciones de deportación. La jueza federal Dena Coggins emitió una orden para el regreso a Estados Unidos de María de Jesús Estrada Juárez, migrante protegida por el programa DACA, lo que contrasta con las acciones ejecutivas que buscan restringir el asilo y acelerar las deportaciones.
El despliegue operativo de ICE se extiende a 14 aeropuertos estadounidenses, aunque el número exacto de personas detenidas durante estas operaciones no ha sido divulgado por las autoridades. Mariza Marín, directora del Puerto de San Ysidro de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), ha emitido comunicados oficiales sobre los controles migratorios en la frontera.
Desde México, la Secretaría de Gobernación reportó que el programa ‘México te Abraza’ ha atendido a 189,830 mexicanos hasta el 18 de marzo de 2026. Sin embargo, fuentes periodísticas han cuestionado la efectividad y transparencia de dichos programas de asistencia a deportados, según publica La Jornada.
Tom Homan, asesor migratorio del trumpismo, ha realizado declaraciones políticas sobre la estrategia migratoria de la administración. Mientras tanto, casos como los de Sebastián Renoj y los dos mexicanos identificados como ‘Silvia N’ y ‘Salvador N’, entregados por EE.UU. a la Fiscalía General de la República, ilustran la complejidad de la cooperación bilateral en materia migratoria.
El escenario actual muestra un endurecimiento de políticas migratorias bajo el segundo mandato de Trump, con acciones simultáneas en los frentes judicial, operativo y de deportación. Las consecuencias humanitarias incluyen reportes de migrantes heridos y la deportación de personas con protección legal, mientras organizaciones y gobiernos buscan respuestas mediante demandas y programas de asistencia.