• El censo realizado para reducir las cifras de desaparecidos es ilegal pues fue realizado por los “siervos de la nación”, sin la experiencia y preparación necesarias
• Las labores de búsqueda deben ser realizadas por las Fiscalías y por la Comisión Nacional de Búsqueda, quienes tienen preparación en materia forense y de búsqueda de personas
• En el censo familiares de los desaparecidos dijeron sentirse amenazados e intimidados por temor de que los encuestadores fueran parte del crimen organizado
La senadora de Movimiento Ciudadano (MC), Laura Ballesteros, señaló desde la tribuna del Pleno del Senado de la República que aún con las recomendaciones de organizaciones y observadores de derechos humanos, Morena y el gobierno de la llamada Cuarta Transformación se empeña en desaparecer a los desaparecidos.
A pesar de “la rasurada” a las cifras de desaparecidos, los muertos y los desaparecidos siguen en aumento, lo cual no nada más tiene que ver con ustedes como gobierno en este momento, ya que van 17 años de lo viejo, 17 años de una estrategia fallida de seguridad, en donde no se ha logrado poner un freno a las desapariciones y a los homicidios, apuntó la legisladora de la Bancada Naranja.
“Nada más en esta etapa que estoy mencionando, han subido casi en un 32% el número de muertes en el país. Mas de 300 mil personas han perdido la vida en este país a causa de la estrategia fallida de seguridad y a causa de la militarización del país que empezó la alianza y que hoy continúa ustedes, y que ustedes todavía como Morena la llevaron al siguiente nivel, la están legalizando, y ahora esperemos cómo llegan las reformas que está proponiendo el Presidente porque parece ser que quieren tocar le transitorio, ese transitorio que obliga a las fuerzas armadas a salir de la Guardia Nacional”.
La senadora Ballesteros explicó que en el mes de julio, el presidente López Obrador anunció que se haría un “censo casa por casa” para actualizar el registro de personas desaparecidas, y en diciembre, la SEGOB informó que, del registro de 110 mil personas desaparecidas, 34,523 personas fueron ubicadas, lo que implica una reducción del 31% del total.
La propuesta presentada por Jorge Álvarez Máynez, dijo Laura Ballesteros, busca que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) publique la información detallada de este censo, incluyendo nombre y teléfono de las personas supuestamente encontradas, y que realice mesas de trabajo con familiares de desaparecidos y miembros de sociedad civil para diseñar un censo en conjunto.
La legisladora explicó que este censo es ilegal por varias razones; fue realizado por autoridades incompetentes e inexpertas, ya que las labores de búsqueda deben ser realizadas por las Fiscalías y por la Comisión Nacional de Búsqueda, quienes tienen preparación en materia forense y de búsqueda de personas. Sin embargo, fue realizado por la Secretaría del Bienestar, por los “siervos de la nación”, sin preparación y que en la práctica funcionan como militantes de Morena.
Este censo, detalló Laura Ballesteros, es revictimizante, pues varios familiares de los desaparecidos dijeron sentirse amenazados e intimidados durante el Censo, ya que tenían el temor de que los encuestadores fueran parte del crimen organizado o estuvieran con las mismas autoridades que, en ocasiones, los amenazan y atacan para detener su búsqueda. Por ello, el Movimiento por Nuestros Desaparecidos México (MNDM) solicitó que el censo se detuviera, destacó la legisladora.
El censo también fue opaco, ya que nunca se dieron a conocer los lineamientos, que violaron los protocolos de búsqueda. Las únicas autoridades facultadas para buscar personas deben cumplir el Protocolo Homologado de Búsqueda y la Ley General de Víctimas. Para borrar a una persona del Registro Nacional, deben encontrar una “prueba de vida” fehaciente que permita saber que la persona no está desaparecida. Ninguno de los siervos de la nación está capacitado ni facultado para cumplir estos protocolos, y mucho menos encontraron pruebas de vida para borrar a los desaparecidos. Lo hicieron con meras entrevistas.
En resumen, el Censo para disminuir a los desaparecidos no cumplió los protocolos de búsqueda ni la Ley General de Víctimas, por lo que no se puede borrar ni una sola de las personas que forman parte del registro nacional de personas desaparecidas, explicó Laura Ballesteros.
“Eso es a lo que nos estamos enfrentando, y esa alternativa que se tiene que poner sobre la mesa, una tercera alternativa donde la militarización del país no es una opción, donde la paz y la justicia sí son una opción, en donde la construcción de esta pacificación del país sí es una opción, tiene que tener cabida, por eso Álvarez Máynez lo ha puesto muy claro sobre la mesa, debemos construir un plan nacional de pacificación para este país, donde podamos dotar de recursos a las policías locales y de capacitación a las mismas, donde se le ponga orden a los ministerios públicos para que sean los primeros en responderle a las víctimas”.