Ciudad De México, 03 de abril de 2026.- Un total de 18 congresos estatales han votado a favor de la reforma constitucional que disminuye las llamadas pensiones doradas en el sector público paraestatal, lo que permite que el Senado formule la declaratoria de la reforma en la sesión del próximo martes y la envíe al Diario Oficial de la Federación, según informó Andrea Becerril en La Jornada.
Las legislaturas que aprobaron la reforma son Baja California, Baja California Sur, Ciudad de México, Campeche, Colima, Chiapas, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. La aprobación fue por unanimidad en la mayoría de los casos, mientras que en Baja California y Zacatecas se logró por mayoría.
La nueva disposición establece como tope para el pago de pensiones el 50% de los ingresos de la persona titular del poder ejecutivo federal. Este ajuste a las pensiones millonarias actuales será inmediato y se espera un ahorro al erario de 5 mil millones de pesos anuales. La reforma limita los esquemas de jubilación financiados con recursos públicos en la administración paraestatal en sus tres niveles de gobierno, aplicándose tanto a pensiones futuras como a las otorgadas con anterioridad, aunque no opera para las fuerzas armadas.
Un día después de publicada la reforma, las pensiones de tres directivos de la extinta Luz y Fuerza del Centro (LFC) que superan el millón de pesos mensuales, así como las de 600 ex funcionarios de esa empresa superiores a 300 mil pesos, quedarán en cerca de 70 mil pesos mensuales. También se ajustarán pensiones de medio millón de pesos de ex funcionarios y ex líderes sindicales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y otras en Petróleos Mexicanos (Pemex) que sobrepasen los 70 mil pesos al mes. Asimismo, se modificará la pensión de 120 mil pesos que recibe desde hace 32 años José Angel Gurría de Nacional Financiera.
El Congreso de la Unión y las legislaturas locales tendrán un plazo de 90 días para revisar y, en su caso, adecuar el marco jurídico aplicable. Sin embargo, trabajadores y sindicatos han advertido que la reforma podría aplicarse retroactivamente, afectando derechos adquiridos. Óscar Hernández, del Semanario ZETA, señaló: “Parece que se pretende aplicar tal reducción retroactivamente, es decir, a los trabajadores que cumplieron con los requisitos de ley y obtuvieron su jubilación y por ende el pago de sus pensiones también son sujeto de tal reducción, afectando derechos adquiridos”.
En Nayarit, integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM) alertaron sobre riesgos en la aprobación de reformas locales similares. El sindicato identificó posibles inconstitucionalidades, incluyendo la imposición de un “doble tope” que contradice artículos de la Constitución Federal y la propuesta de ajustes retroactivos prohibidos por el artículo 14 constitucional. “Cualquier límite adicional viola derechos ya adquiridos y constituye un acto ilegal”, indicó el SUTSEM Nayarit, agregando que “lo único que están haciendo es patear el bote para que la siguiente administración truene”.
Respecto a las exclusiones, Óscar Hernández comentó: “Curiosamente quedan excluidas de tal reducción las fuerzas armadas y los ministros de la SCJN, sin duda pilares en los que se han apoyado la 4-T, AMLO y ahora Claudia Sheinbaum”. Por su parte, la exposición de motivos de la iniciativa en Nayarit, propuesta por el gobernador Miguel Ángel Navarro, argumenta que la reforma busca garantizar la sostenibilidad financiera del sistema de pensiones, promover la austeridad republicana y racionalizar el gasto público.