Nuevo México, 25 de marzo de 2026.- Un jurado condenó a Meta, propietaria de Facebook e Instagram, a pagar 375 millones de dólares en daños tras un juicio de seis semanas en el que se determinó que la empresa no protegió adecuadamente a los menores en sus plataformas. La fiscalía del estado de Nuevo México, representada por la abogada Linda Singer, acusó a la compañía de ocultar hallazgos internos sobre los riesgos para los jóvenes y de utilizar algoritmos que dirigían a adultos hacia contenido publicado por usuarios adolescentes.
Durante el proceso judicial, se presentaron cientos de documentos, informes y correos electrónicos como pruebas, además de la declaración de 40 testigos. La abogada Singer argumentó que los sistemas de recomendación de la red social facilitaban el contacto entre adultos y menores, exponiendo a estos últimos a peligros evitables si la empresa hubiera actuado con transparencia sobre sus propios estudios de seguridad.
Meta ha mantenido una postura defensiva durante el litigio, afirmando que trabaja arduamente para mantener seguras a las personas en sus plataformas y señalando la complejidad de identificar y eliminar a actores malintencionados. Sin embargo, el veredicto del jurado contradice esta narrativa al establecer que la omisión de la compañía respecto a los riesgos conocidos tuvo consecuencias graves para la seguridad infantil.
Tras conocerse la sentencia, un portavoz de Meta emitió una declaración indicando que respetuosamente no están de acuerdo con el veredicto y que procederán a apelar la decisión. La cifra de 375 millones de dólares, aunque significativa, fue descrita en el contexto del juicio como notoriamente inferior a lo que se podría haber solicitado, dado el alcance de las pruebas presentadas.
Este caso marca un precedente importante al ser uno de los primeros relacionados con redes sociales y seguridad infantil que llega a un veredicto final de un jurado en Estados Unidos. La condena establece un marco de responsabilidad legal para las grandes tecnológicas respecto al manejo de datos y la exposición de menores en entornos digitales, abriendo la puerta a posibles acciones similares en otras jurisdicciones.