Mexicali, 25 de marzo de 2026.- El juez de control Gerardo Anguiano Ceja vinculó a proceso al exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla Valdez, por los delitos de abuso de autoridad, peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades, relacionados con el contrato firmado con la empresa Next Energy para la construcción de una planta fotovoltaica que nunca se edificó. La decisión judicial, emitida tras una audiencia que se extendió por más de 23 horas, establece que las pruebas presentadas por la Fiscalía General del Estado son verosímiles y otorga un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria antes de dictar sentencia.
La Fiscalía estatal sostiene que durante la gestión de Bonilla (2019-2021) se benefició indebidamente a la firma Next Energy con un contrato plurianual por 4,500 millones de pesos a 30 años, a pesar de que el proyecto carecía de los permisos necesarios y era competencia federal. Según los elementos de prueba recabados, el gobierno estatal realizó un pago inicial de 123 millones de pesos a la contratista, recursos que fueron recuperados recientemente por la administración de la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila.
Durante la audiencia, la defensa legal encabezada por Humberto Velazco e Hiram Sánchez presentó argumentos para desestimar la imputación, alegando incompetencia de la autoridad y sosteniendo que los pagos cuestionados se efectuaron entre enero y febrero de 2022, periodo posterior al mandato del exmandatario. Asimismo, los abogados argumentaron que el proyecto correspondía a un contrato de servicios y no a la adquisición de un crédito fiscal, por lo que no se configuraba el delito de uso ilícito de atribuciones. Sin embargo, el juez consideró insuficientes estos planteamientos para frenar el proceso penal.
Jaime Bonilla, quien actualmente es dirigente estatal del Partido del Trabajo (PT) y anteriormente gobernó bajo la bandera de Morena, destacó al término de la comparecencia el supuesto trasfondo político del caso. “No veo sorpresas, sabíamos que nos iban a vincular, sabíamos que ese era el propósito. Nada más para que aprendan, no se anden peleando con la gobernadora”, declaró a los medios locales. El exgobernador había logrado aplazar su encuentro con la justicia amparado en su fuero legislativo como senador, protección que perdió en 2024, lo que permitió a la justicia girar una orden de presentación para forzar su asistencia.
Este caso marca un precedente al convertir a Bonilla en el primer exgobernador surgido de Morena acusado abiertamente de corrupción desde el oficialismo, en medio de un conflicto político con la gobernadora Marina del Pilar Ávila. La resolución judicial implica que el exmandatario deberá enfrentar el proceso penal con una medida cautelar de 100 mil pesos, mientras la investigación avanza para determinar su responsabilidad definitiva en el desvío de recursos públicos.