Monterrey, 27 de marzo de 2026.- La Fiscalía de Justicia de Nuevo León desmanteló una red de extorsión digital conocida como ‘La Tía Paty’, que operaba en la zona metropolitana de Monterrey, incluyendo San Pedro Garza García. Las autoridades detuvieron a dos personas identificadas preliminarmente como Astrid ‘N’ y César ‘N’, quienes enfrentan cargos por suplantación de profesión e identidad, así como por extorsionar a víctimas mediante la publicación y posterior retiro de contenido difamatorio en redes sociales.
De acuerdo con la información recabada, el modus operandi consistía en publicar datos sensibles o acusaciones falsas sobre emprendedores, negocios establecidos y ciudadanos comunes en plataformas digitales. Para eliminar dicho contenido, los presuntos responsables exigían pagos que podían ascender hasta 500 mil pesos. Además, la red cobraba una suscripción de 300 pesos por acceso a la comunidad donde se difundían inicialmente los chismes.
La investigación revela que el grupo delictivo evolucionó con el tiempo: comenzó difundiando rumores sobre figuras públicas y posteriormente amplió su blanco hacia sectores productivos y la población general. Aunque existen discrepancias entre las fuentes consultadas respecto a si la operación se limitaba a Instagram o migró hacia Telegram, ambas coinciden en que se trataba de una comunidad en redes sociales utilizada para hostigar y obtener beneficios económicos ilícitos.
Las detenciones se concretaron tras las investigaciones realizadas por la Fiscalía del Estado, que logró vincular a los imputados con historiales que incluyen delitos de alto impacto. Hasta el momento, no se ha divulgado el número exacto de víctimas afectadas ni la cantidad total de dinero recaudado por la organización criminal durante su periodo de actividad.
Este caso pone en evidencia los riesgos de la extorsión cibernética en la entidad, donde la reputación de individuos y empresas es utilizada como moneda de cambio. Las autoridades continúan con las diligencias legales correspondientes para determinar la responsabilidad plena de los detenidos y posible conexión con otras redes de reclutamiento mencionadas en reportes preliminares, aunque esto último requiere confirmación oficial.