Por Redacción
Valley Springs, 21 de marzo de 2026.- Un jurado federal en Estados Unidos imputó a cinco ciudadanos mexicanos por su presunta participación en una red dedicada a la fabricación y distribución de metanfetamina en California, tras el desmantelamiento de un laboratorio secreto y la incautación de más de 1,400 libras de estupefacientes. Los operativos, ejecutados el 27 de febrero de 2026 en las localidades de Valley Springs, Turlock y Modesto, fueron celebrados por autoridades de ambos países como un ejemplo de cooperación bilateral contra el crimen organizado.
Los identificados como responsables son Luis Carrillo (33 años), Mariana Vanessa Mendoza Camacho (33 años), Juan Jesús Manríquez Díaz (31 años), Álvaro Rosales (44 años) y Manuel Juan Madrid Pérez (38 años). Según el Departamento de Justicia de EE.UU., estos individuos operaban una estructura criminal dedicada a producir grandes volúmenes de drogas sintéticas para su distribución en territorio estadounidense.
Durante los cateos realizados en el condado de Calaveras y otras zonas, las autoridades aseguraron 1,430 libras de metanfetamina, de las cuales 1,270 se encontraban en proceso de elaboración y 300 listas para su distribución. Además, fueron confiscadas 12 armas de fuego, municiones, marihuana procesada y más de 1,900 plantas relacionadas con la producción ilícita.
Pamela Bondi, fiscal general de Estados Unidos, declaró que los implicados “presuntamente operaban un laboratorio secreto en suelo estadounidense produciendo miles de libras de drogas mortales para envenenar a nuestras comunidades”. La funcionaria enfatizó la gravedad del daño potencial que esta red causaba a la población local mediante la introducción de sustancias controladas.
La operación, que tuvo inicio en octubre de 2025, también derivó en la captura de Ángel Esteban Aguilar, alias “Lobo Menor”, figura vinculada a actividades criminales en Ecuador y al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Ronald Johnson, embajador de EE.UU. en México, destacó este arresto como resultado directo de la colaboración entre los gobiernos del presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum, subrayando la eficacia de los esfuerzos conjuntos para desarticular células narcoterroristas.
Las discrepancias en los reportes iniciales sobre las cifras exactas del decomiso y los nombres completos de algunos involucrados han sido consolidadas en la acusación formal presentada por el jurado federal. Mientras se resuelven los detalles técnicos de la imputación, las autoridades mantienen la postura de que este golpe a la infraestructura logística del narcotráfico marca un precedente en la estrategia de seguridad compartida entre ambas naciones.