Por Luis Martínez Alcántara
CIUDAD DE MÉXICO.- Claudia Sheinbaum, presidenta de México, manifestó su preocupación por la posible invalidación de la reforma al Poder Judicial por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y argumentó que la Corte no tiene la autoridad para modificar una reforma constitucional que ya fue validada por el Congreso y publicada en el Diario Oficial de la Federación, porque según ella, una decisión en este sentido representaría una “falta grave” y un exceso de funciones por parte de los ministros.
La mandataria subrayó que cualquier revisión sobre esta reforma debería ser competencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), no de la SCJN. Además, enfatizó que los amparos presentados provienen de partidos políticos que, según su criterio, carecen de “personalidad jurídica” para impugnar reformas constitucionales. Este argumento se basa en la reciente modificación que establece que tales reformas no pueden ser cuestionadas a través de juicios de amparo.
Sheinbaum también hizo hincapié en que la reforma fue aprobada siguiendo todos los procedimientos legales y representa la voluntad del pueblo mexicano. En este contexto, criticó a los ministros por intentar cambiar lo que ya ha sido decidido democráticamente, sugiriendo que su intervención podría interpretarse como un intento de legislar desde el poder judicial. La presidenta aseguró que su gobierno está preparado para cualquier resultado que surja de la votación del Pleno de la Corte, prevista para el 5 de noviembre.
En un giro significativo, el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó un presupuesto de 13 mil millones de pesos para llevar a cabo elecciones judiciales en las que se elegirán jueces y magistrados. Este proceso se llevará a cabo el 1 de junio de 2025 y es parte del plan del gobierno para asegurar una transición efectiva en el sistema judicial. La elección popular es un componente clave en esta reforma judicial, lo que añade más tensión al debate actual sobre su validez.